En la última sesión del Concejo Deliberante de Rufino, el concejal Juan Pablo Garmendia presentó un proyecto de resolución donde expresó su “enérgico repudio” al despido de Christian San Martín, trabajador de Aguas Santafesinas. El edil afirmó que no se trata de un conflicto laboral común, sino de un caso de persecución política y sindical, lo que encendió el debate sobre los límites democráticos en la vida institucional local y provincial.
Garmendia fue contundente al asegurar que detrás del despido hubo una “decisión política” ejecutada por sectores con influencia en la ciudad. Según explicó, San Martín habría perdido su empleo no por fallas laborales, sino por haber expresado opiniones críticas hacia el gobierno provincial.
“¿Qué vamos a hacer con los empleados municipales? ¿Los vamos a echar a los que piensan distinto?”, cuestionó el concejal ante el recinto, marcando el tono de preocupación que atravesó toda su intervención.
En un pasaje especialmente emotivo, Garmendia citó a Pepe Mujica para recordar que tanto el amor como el odio son ciegos, pero que uno construye y el otro destruye. “Vaya si el odio destruye; acá lo estamos viendo”, remarcó, señalando que este tipo de medidas solo profundizan un clima que considera persecutorio desde el inicio de la actual gestión provincial.
El edil también advirtió que esta lógica podría extenderse y afectar a otros trabajadores que expresen disidencia política o sindical:
“Me preocupa si ese es el modo operandi de lo que viene. Debería preocuparle a todos los empleados municipales”, insistió, reafirmando su compromiso de defender a quienes puedan verse amenazados.
Al cierre de su exposición, Garmendia reiteró su repudio al despido “sin causa” de San Martín y pidió que el funcionario responsable reflexione sobre una decisión que calificó como “cargada de odio, resentimiento y actitudes antidemocráticas”. Además, manifestó su esperanza de que, durante la conciliación en el Ministerio de Trabajo, el trabajador sea reincorporado.
El caso abre un debate profundo en Rufino y en la provincia: ¿qué tan seguros están los derechos laborales cuando expresar una opinión política puede transformarse en un riesgo real?
Mientras el Concejo local evalúa el proyecto y las voces se multiplican, el mensaje de fondo parece claro: en democracia, disentir no puede convertirse en un motivo de despido.
