La medida fue requerida por el fiscal federal Gerardo Pollicita, a partir de informaciones periodísicas sobre datos hallados en el celular de Darío Nieto vinculados a la gestión de préstamos para la empresa.

El juez federal Julián Ercolini solicitó al juzgado de Lomas de Zamora que lleva adelante la investigación por supuesto espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri que le envíe la copia forense de la información encontrada en el celular del secretario privado del expresidente, vinculado a la gestión de préstamos para la empresa Vicentin.

Se trata de una medida requerida por el fiscal federal Gerardo Pollicita, luego de que trascendiera a través de medios periodísticos que en el celular de Darío Nieto se habían encontrado anotaciones que daban cuenta del supuesto intento de conseguir financiamiento en noviembre de 2019 para la empresa que ahora es investigada en una causa por supuestas irregularidades en el otorgamiento de créditos por parte del Banco Nación durante el gobierno de Cambiemos.

“Podría existir información relevante para las actuaciones conforme las anotaciones que habrían sido halladas en el contenido del dispositivo secuestrado”, sostuvo el juez Ercolini en la resolución en la que solicitó al juzgado federal de Lomas de Zamora, a cargo de Juan Pablo Auge, una copia de la información hallada en el celular de Nieto, en el marco de la causa en la que se investigan maniobras de supuesto espionaje ilegal.

Según se informó semanas atrás en la señal de noticias C5N, en el celular de Nieto fue encontrada una anotación en el block digital del 22 de noviembre de 2019, en la que alguien indicaba: «Hablá con Martín Mura -ministro de Economía de la Ciudad- por préstamo a Sergio Nardelli (de Vicentin) por 10 palos. Que no lo lleven al directorio ni a la SIGEN porque lo van a complicar, que lo resuelvan por afuera».

Fuentes del Gobierno la Ciudad de Buenos Aires confirmaron a Télam que, efectivamente, a fines del año pasado Mura recibió un pedido de parte de la Presidencia de la Nación, vinculado a la posibilidad de que el Banco Ciudad otorgara un préstamo a Vicentin, pero que finalmente la propia entidad bancaria rechazó esa solicitud tras evaluar la documentación presentada por la empresa.
La medida fue requerida por el fiscal federal Gerardo Pollicita.La medida fue requerida por el fiscal federal Gerardo Pollicita.
Al ordenar la medida, el juez Ercolini sostuvo: “Atento a los recaudos que demanda la producción de una diligencia de esta índole, solicítese al titular del juzgado mencionado que, por medio de la misma división que se encuentre efectuando el estudio pericial del teléfono celular secuestrado a Darío Nieto, encomiende la obtención de una copia forense de su contenido para ser elevada a este tribunal, de la que se indique indefectiblemente el correspondiente valor hash”.

A su vez, señaló, que “deberá detallarse cada paso llevado a cabo para realizar dicha copia forense y asegurarse en todo momento la adecuada preservación de la cadena de custodia del elemento secuestrado y de los datos informáticos del celular, como así también de la copia forense, con la indicación de los funcionarios intervinientes, los lugares de traslado y la fecha y hora en la que se produzca cada acto”.

En la causa identificada como Vicentin, se analiza la «posible existencia de una maniobra por la cual se habría perjudicado al Estado Nacional a través del otorgamiento irregular de préstamos por parte del Banco de la Nación Argentina» a favor de esa firma.

De acuerdo con el expediente, esa operación «permitió a la empresa acumular una deuda con el banco de 18.500 millones de pesos», que actualmente «serían de cobro incierto, puesto que la sociedad se encuentra en estado de cesación de pagos» y a la espera de un concurso preventivo.

El celular de Nieto fue secuestrado en el expediente en el que se investigan supuestas maniobras de espionaje ilegal luego de que el nombre del secretario privado de Macri –en la actualidad y durante su gobierno- apareciera mencionado en mensajes de Whatsapp intercambiados entre algunos de los espías imputados y la exempleada de la dirección de Documentación Presidencial, Susana Martinengo.