Durante cuatro años, Claudio Lázaro Ortiz de 46 años abusó sexualmente de la hija menor de su pareja, con quien convivía. Además, amenazó con matar a la madre de la niña y desobedeció una orden judicial. La fiscal Rafaela Florit llevó a cabo la investigación que le valió una condena de ocho años de prisión.

  • Por abusar a la hija menor de su pareja durante cuatro años, condenan a ocho años de cárcel a Claudio Lázaro Ortiz de 46 años. La jueza Lorena Garini dictó la sentencia en un juicio abreviado en los tribunales de Rufino, tras la investigación de la fiscal Rafaela Florit.
  • La fiscal Florit explicó que “Ortiz reconoció su responsabilidad penal” y agregó que “el padre y un hermano de la víctima de los abusos estuvieron de acuerdo con lo resuelto”.
  • Los hechos delictivos comenzaron en 2018, cuando la niña cursaba la última parte de la escuela primaria. “Ortiz la vulneraba casi a diario cuando se quedaban solos en la casa que compartían por la relación que él tenía con la madre de la niña”, afirmó la funcionaria del MPA.
  • La fiscal destacó que “la víctima pudo contarle a su abuela materna lo ocurrido” y que “la mujer hizo la denuncia correspondiente en una comisaría”. Según indicó, “la niña dio datos contundentes en cámara Gesell y recibió contención de profesionales de la Psicología”.
  • Además de abusar sexualmente de la hija de su pareja, Ortiz la amenazó con matar a su madre y desobedeció una orden judicial. La fiscal puntualizó que “en un principio, se le impuso una prisión preventiva atenuada, que le permitía salidas laborales”.
  • “Sin embargo, el condenado se acercó al domicilio de las víctimas en un horario en el que debía estar trabajando, por lo que se le ordenó cumplir prisión preventiva ordinaria durante todo el proceso judicial”, detalló Florit.
  • Ortiz fue condenado como autor de abuso sexual gravemente ultrajante por su duración, agravado (por haber sido cometido contra una víctima menor de edad con la que convivía), amenazas y desobediencia a una orden judicial. La Defensa aceptó la calificación penal propuestas por la Fiscalía, la pena impuesta y la decisión de abreviar los procedimientos del juicio.